La movilidad sostenible demuestra cada vez más su importancia en Cuba, país que enfrenta problemas en la transportación pública y en el cual la disponibilidad técnica de los medios y el combustible se dificultan, entre otros factores, por el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos.
Por tanto, la nación precisa de estrategias propias y programas que con colaboración internacional, hagan realidad el cambio de paradigma en la transportación en las principales urbes.
La Habana es objeto desde 2019 del proyecto Neomovilidad con asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que busca un sistema bajo en carbono con el empleo de vehículos eléctricos y el uso de formas no contaminantes como la bicicleta.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se trata de una infraestructura que genera menores emisiones en comparación con las alternativas de infraestructura posibles para la prestación de un servicio de transporte específico en unas condiciones particulares.
Proyectos pilotos que echan a andar…
Reinier Campos Pompa, jefe de Desarrollo de la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana (DGTPH), organismo encargado de implementar Neomovilidad, ha declarado que la iniciativa incluye la elaboración de un marco regulatorio e investigaciones sobre el comportamiento de la transportación en la capital, que sustentan las intervenciones.
Sumado a ello, contempla pequeñas acciones específicas para redistribuir el uso de las vialidades, asignar más espacio a las aceras, andadores y ciclovías promoviendo la movilidad peatonal o no motorizada.
Datos ofrecidos en abril último por el Ministerio de Transporte (Mitrans) mostraban la compleja realidad de la actividad en la capital cubana. De alrededor de 780 ómnibus que operaban antes de la pandemia, sólo funcionan poco más de 450 para trasladar diariamente a cerca de 580 mil personas.
Se espera que Neomovilidad, aunque no sea la solución definitiva , disminuya las problemáticas asociadas al uso excesivo de combustibles fósiles, contribuya a reducir la dependencia de sus importaciones, y a cubrir la creciente demanda del servicio de traslado de pasajeros.
A juicio de Campos Pompa, las intervenciones pilotos del programa beneficiarán a quienes utilizan servicios locales urbanos en rutas cortas, pues el objetivo es conectarlos con itinerarios principales de ómnibus y enlazarlos con centros importantes en la comunidad como escuelas y hospitales.
Informó que esperan la llegada de 50 nuevos triciclos eléctricos que se sumarán con una nueva ruta en el municipio de Playa, a los que cada día recorren las zonas Ayestarán-Hospital Ameijeiras-Estación de Ferrocarriles, calles de Guanabacoa y el corredor Fontanar-Abel Santamaría-Wajay, en Boyeros.
En relación con ese trayecto, dijo que a tres meses de su puesta en marcha es alto el grado de satisfacción de más de 145 mil pasajeros ; sin embargo, solicitan extender los horarios del servicio.
No se debe obviar que la autonomía de los triciclos alcanza hasta 120 kilómetros, por lo que pueden trabajar cinco o seis horas. Teniendo eso en cuenta se decidió escalonar los horarios y la cantidad de vehículos para que operen hasta las 7 de la noche, acotó.
El sistema de bicicletas públicas apunta a otro proyecto de movilidad sostenible que antes de finalizar 2022 se verá finalmente materializado. Su fin es aliviar la transportación, principalmente, a estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana, centro emplazado en Marianao y con difícil acceso desde otros puntos citadinos.
El jefe de Desarrollo de la Dirección General de Transporte Provincial explicó que el programa comprende una estación central en la mencionada universidad, y seis cicloestaciones distribuidas en Boyeros, las cuales conectarán las ciclovías por las que rodarán 300 bicicletas.
Contrario a lo que se pudiera pensar, el uso de ese medio en las grandes ciudades resulta una práctica en auge. Por ejemplo, en América Latina capitales como Bogotá (Colombia), Santiago de Chile (Chile) y Ciudad de México (México) fomentan su uso masivo con la creación de infraestructura vial.
¿Cuál es el papel de la industria en la movilidad sostenible?
Tanto los triciclos eléctricos como las 300 bicicletas del sistema piloto fueron ensamblados en la Empresa Industrial Automotriz Narciso López Roselló, del Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica, ubicada en el municipio de La Lisa.
La entidad, con más de 40 años de experiencia en el sector automotor, ha extendido durante los últimos años esa línea productiva, que también tiene entre sus clientes a otros organismos.
Pero sin dudas, uno de los mayores impedimentos para hacer realidad la movilidad sostenible desde el empleo de vehículos con energías limpias, lo constituye el financiamiento.
Lourdes Torres Ferrer, directora general de la Empresa Industrial Ramón Peña, refirió que aunque el perfil de la fábrica ha estado vinculado históricamente a la producción de maquinarias para la industria y la agricultura, fueron contratados para soldar los chasis de triciclos eléctricos.
Estamos preparados, porque tenemos el personal y las condiciones para ensamblar y pintar esos equipos y así explotar una nueva línea, en tanto necesitamos de recursos monetarios y la estabilidad de la materia prima para dar continuidad al proceso.
Consciente de ello, el gobierno no cesa en la voluntad de hacer realidad la movilidad sostenible, que esta se extienda fuera de las fronteras habaneras, por lo cual el Ministerio de Transporte fomenta otros proyectos de colaboración en torno a la temática.
En la Feria Internacional de Transporte y Logística el organismo dio a conocer que una de las iniciativas de inversión prevé situar triciclos eléctricos en 57 puntos de la geografía nacional, incluidos los que presentan módulos de paneles solares y batería para almacenar energía.
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Asimismo, a través de la cooperación buscan incorporar hasta 80 ómnibus híbridos a los servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, lo que incluye el mantenimiento y la sostenibilidad con el aseguramiento de partes y piezas.
La mayor de las Antillas reconoce así una de las metas de las Naciones Unidas hasta el 2030, cuyo fin persigue proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial.