Pinar del Río, 9 feb - Para la pinareña Beatriz Fabelo una las fortalezas del proyecto de Código de las Familias llevado a consulta popular en Cuba radica en la protección de las personas en situación de discapacidad, a tono con los principios de igualdad y no discriminación promulgados en la Constitución de la República.
En el articulado del capítulo II, título IX, se hace referencia a derechos que van desde la prohibición de injerencias en la vida familiar, igualdad de condiciones con los demás y de oportunidades, hasta los derechos sexuales y reproductivos; en tanto señala deberes de las familias, instituciones sociales y el Estado.
Constituye, en ese sentido, un llamado a hacer efectiva la responsabilidad familiar en cuanto a atención, educación, velar por la felicidad e inclusión en la vida social, dijo quien reside en la circunscripción 4 de la ciudad cabecera.
Siempre ha sido premisa del Estado cubano proteger a las personas en situación de discapacidad y hacerlas parte de sus comunidades- acotó-; y el Código apunta en el artículo 433 la promoción de programas de habilitación y rehabilitación por parte de organismos, instituciones y organizaciones de la sociedad y del Estado, de cara a que “desarrollen su autonomía personal e independencia en el entorno sociofamiliar”.
Por tanto no puede existir un “divorcio” entre la escuela y la familia cuando se trata del bienestar de los niños, adolescentes o jóvenes en situación de discapacidad, pues todos los factores cuentan a la hora de incidir en su futuro y dotarlos de las herramientas necesarias para su desarrollo, precisó a la ACN la también profesora de Matemáticas en la enseñanza media superior.
Sobre ese tema igualmente reflexionó Ederlys Díaz, logopeda, en una consulta popular de la circunscripción 11 en la urbe vueltabajera y destacó la importancia de la labor conjunta familia- instituciones en pos del desarrollo integral de esas personas.
Trabajo con algunos niños que presentan necesidades educativas especiales en diferentes áreas y el personal de los centros educativos se encarga de brindarles los recursos y educación imprescindibles para su inclusión en la vida social activa; pero sin el acompañamiento consciente de las familias esa misión se torna casi imposible, apuntó.
Remarcó, asimismo, que este documento, en su versión 24, evidencia la voluntad política de avanzar en cuanto a igualdad y justicia social.
Publicado en la Gaceta Oficial de la República el 12 de enero, el proyecto de Código de las Familias se encuentra disponible a la población en el sitio web del Ministerio de Justicia y mediante tabloide en estanquillos de prensa y puntos de venta de la Isla.
Iniciada el pasado 1 de febrero, la consulta popular se extenderá hasta el 30 de abril en más de 78 mil puntos de reunión en el país; en tanto fueron concebidas para enriquecer el texto jurídico a partir de las propuestas e intervenciones de los electores.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, aseveró en su cuenta oficial en la red social Twitter que ese debate popular constituye un nuevo ejercicio de democracia participativa, el cual aspira a delinear un horizonte más inclusivo, justo y digno para nuestras familias.
De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, la Asamblea Nacional del Poder Popular trabajará con la información recopilada en las reuniones para la posterior publicación del proyecto de Código de las Familias, que se llevará a referendo popular.
