La Habana, 15 abr. - La representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acreditada en esta capital, confirmó su respaldo a Cuba en la preparación a fin acceder al mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+).
Con financiamiento del Fondo Verde para el Clima, la FAO está apoyando a Cuba para su incorporación a la iniciativa, con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático e impulsar la seguridad alimentaria en correspondencia con la Contribución Nacional Determinada.
Un comunicado de esa agencia mundial, enviado a la Agencia Cubana de Noticias, informó que la decisión en ese sentido la dieron a conocer en un taller especializado de dos días de duración con la participación de diversas instituciones nacionales y la coordinación de su fase inicial estará a cargo de la Dirección del Servicio Estatal Forestal, del Ministerio de la Agricultura y la FAO.
Jorge Chamero, asistente de Operaciones de su Oficina en la nación, explicó que.se trata de un proyecto con financiamiento del Fondo Verde para el Clima, que prepara a Cuba para crear los marcos legales necesarios que le permitan acceder al pago por resultados derivados del fomento de sus bosques y las acciones para evitar su degradación y deforestación.
Señaló que en la implementación de REDD+ requiere un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal sólido, la interpretación de salvaguardas y directrices nacionales, la definición de niveles de referencia de emisiones forestales, y la adopción de un Plan de Acción Climática para el sector forestal que incluya perspectivas de género.
Actualmente, ocho países, siete de ellos en América Latina, han recibido fondos de pago por resultados en su gestión integral de bosques y en el caso cubano sus experiencias tienen toral validez, dijo Maricarmen Ruiz, coordinadora del equipo REDD+ para Latinoamérica.
REDD+ es un mecanismo internacional creado por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994, con el propósito de mitigar los efectos de ese fenómeno, mediante de acciones que fortalezcan la gobernanza forestal.
