El informe de Cuba sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que se presentará en la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) los días 1 y 2 de noviembre, ya está disponible en el sitio web de la Cancillería.
El documento abarca el período entre el 1 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023, en el cual los daños y perjuicios a Cuba provocados por la política de Washington están calculados en el orden de los cuatro mil 867 millones de dólares.
Se estima que de no existir este cerco, el producto interno bruto (PIB) de la mayor de las Antillas pudo haber crecido un nueve por ciento en 2022, subraya el informe, confeccionado en virtud de la resolución 77/7 de la AGNU, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
De acuerdo con el texto, los 12 meses comprendidos estuvieron marcados por la aplicación continua y deliberada de las medidas de máxima presión instauradas durante el mandato de Donald Trump, la vigencia de las leyes que conforman este sistema de medidas coercitivas unilaterales, y la inercia e inmovilismo del actual Gobierno del presidente Joseph Biden para impulsar avances reales en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos.
El cuerpo del documento detalla aspectos como la continuidad y recrudecimiento de la política de bloqueo, así como las afectaciones a la economía y a sectores de gran impacto social como la salud, alimentación, la educación, el deporte, la cultura, la generación eléctrica, las comunicaciones y la informática.
Asimismo, denuncia los graves daños y perjuicios derivados del bloqueo, que tienen un componente humano, que no es cuantificable, pero es real y significativo.
Los niveles de desencanto, angustia, desesperación e insatisfacción de la población producto de la inestabilidad de bienes y servicios de primera necesidad y las dificultades materiales; y los daños psicológicos que generan los proyectos de vida truncados y la separación de familias en la búsqueda de sus legítimas aspiraciones al desarrollo, se incluyen entre estos perjuicios, indica el informe.
Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, pronosticó que como ocurre desde 1992, la comunidad internacional reclamará el derecho de Cuba a vivir sin los efectos de esta política unilateral, extraterritorial y que califica como un acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
No obstante, Cuba denuncia que la Casa Blanca persiste en ignorar ese resultado, y ha recrudecido el bloqueo a niveles sin precedentes, aplicando una política de asfixia económica para buscar deliberadamente el colapso del país.