La Habana, 27 may. - El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) celebrará mañana su aniversario 83 inmerso en el esfuerzo de propiciar espacios de encuentro y acciones de las iglesias y otras instituciones cristianas, para desarrollar su vocación social.
La entidad de inspiración cristiana, no gubernamental, sin fines de lucro, está legalmente establecida y reconocida con personería jurídica propia en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de la República de Cuba.
Cuenta con 28 denominaciones miembros plenos (más del 50 por ciento de las congregaciones evangélicas cubanas), además de 14 centros y movimientos ecuménicos, que conforman un total de 42 instituciones integrantes, a lo que se añaden otras nueve en la condición de Asociados fraternales.
El CIC marcha en sintonía con el país en la búsqueda de su sostenibilidad, el desarrollo de acciones de servicio social, el rescate de valores, y el diálogo con todos los actores de la sociedad, y en sus vínculos con ésta en pos de ofrecer mejores servicios a la comunidad.
La Constitución de la República de Cuba establece como responsabilidad de su Estado laico, el reconocimiento, la garantía y el respeto a la libertad religiosa, e instituye que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.
El artículo 57 de la Carta Magna, garantiza el derecho de toda persona a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley, y protege penalmente contra conductas
relacionadas con cualquier tipo de discriminación por creencias religiosas.
En ese sentido, el nuevo Código Penal prevé sanciones para quienes impidan o perturben la libertad de cultos, incluso si se tratara de funcionarios públicos en abuso de sus cargos, y tipifica como delitos de incitación a la violencia inminente por motivos de religión o de creencias.
Las instituciones y organizaciones religiosas desarrollan en Cuba sus actividades sociales, la formación de su personal, el nombramiento de su jerarquía, y sus movimientos dentro y fuera del país con total independencia y autonomía, y sus necesidades y opiniones son atendidas
de forma directa por la dirección del Estado y Gobierno.
Con ese propósito, se sostienen diálogos sistemáticos con todas las denominaciones religiosas, sin distinción alguna en un marco de unidad, hermandad, solidaridad y respeto mutuos.
Ello es resultado del pleno disfrute del derecho a la libertad religiosa y el combate a la intolerancia, los estereotipos negativos y la estigmatización basada en la religión.
