Ojalá no tuviéramos que escribir más sobre violencia de género. Ojalá no hubiera que organizar jornadas de activismo contra ella ni designar días naranjas. Ojalá noviembre fuera un mes para celebrar su fin y no para recordar las múltiples formas en que se manifiesta, lo mucho que hace daño. Ojalá ya no fuera un problema, ni aquí ni en ninguna parte. Pero persiste, también en Cuba. Y duele.
Por ello, porque no podemos quedarnos calladas, porque hace falta visibilizar sus muchas caras y construir soluciones en colectivo... otra vez esta columna aprovecha noviembre -mes en que comienzan los 16 días de activismo contra la violencia de género- para realizar una serie de trabajos sobre el tema.
Pretendemos seguir denunciando un conflicto que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo, aún más en tiempos de pandemia. Pero también explicar sus características, contactar con expertos, cruzar opiniones e identificar experiencias de activismo y enfrentamiento. Durante las próximas semanas nos acercaremos a este fenómeno desde diferentes perspectivas, explicaremos algunas de sus manifestaciones y sobre todo, buscaremos caminos para ponerle fin. Tus dudas, opiniones y vivencias son bienvenidas acá.
Cuando la violencia sucede en casa
“Aunque nos pese, la violencia de género es un fenómeno aún presente en la sociedad cubana, también la que se produce en el ámbito familiar. Consciente o inconscientemente, somos un poco cómplices de sus diversas manifestaciones”, comentó a Cubadebate Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH).
Más allá de las agresiones físicas, tiene muchos modos de expresarse igual de dañinos. Desde la perspectiva de esta jurista, cuando observamos pasivamente en la calle el abuso verbal, la descalificación y otras agresiones psicológicas que se producen contra las mujeres, en cierto modo contribuimos a su permanencia.
“Todo eso se agudiza aún más puertas adentro de los hogares. Allí no hay tantos testigos, pero es una realidad palpable. Hay violencia de género en el espacio familiar en todas sus manifestaciones, entre ellas la verbal, psicológica, económica o patrimonial”, precisó la experta.
Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho de Familia, lo confirma. Durante una entrevista con el Servicio de Noticias de la Mujer en América Latina y el Caribe (SEMlac), expresó que si bien el maltrato físico es el más evidente e identificado, existen "otras formas más silenciosas, que hacen tanto o más daño, y que están presentes también en la cotidianidad cubana como la violencia psicológica y manifestaciones de la violencia económica".
Dentro de las casas cubanas se observan todas esas agresiones que llevan al desmoronamiento espiritual de las víctimas y a la descalificación de sus potencialidades. Además, es frecuente que sobre los hombros de las mujeres recaiga la mayor cantidad de responsabilidades domésticas y labores de cuidado.
“Son ellas las que suelen dejar de trabajar para atender a sus hijos, ancianos y otros familiares, son las que abandonan sus proyectos personales y profesionales y casi nunca reciben la colaboración necesaria. Eso implica que las mujeres en Cuba, aunque tengan iguales salarios que los hombres, al final no reciben idéntica remuneración porque tienen que faltar a sus trabajos o abandonarlos”, detalló Álvarez Tabío.
Los expertos lo confirman: la violencia de género aún es un asunto latente al interior de muchos hogares. Precisamente por las implicaciones que tiene allí, decidimos arrancar esta serie de trabajos hablando sobre uno de los recursos que podrían contribuir a ponerle freno. El proyecto del nuevo Código de las Familias, que por estos días nuestro país discute, tiene en el enfrentamiento a este asunto un objetivo marcado.
“Este Código no es para los violentos”
Desde que el pasado septiembre se publicó la versión 22 del anteproyecto del nuevo Código de las Familias, los desafíos de cara a una legislación que defina, regule y proteja a todas las hogares, más allá de sus diferencias, han sido puntos destacados en las agendas mediáticas, políticas y por supuesto, públicas.
El documento puesto a debate está en sintonía con el artículo 85 de la Constitución de la República, según el cual "la violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad, y es sancionada por la ley".
Por tanto, expresa el derecho a una vida familiar libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones -ya sea de género, contra personas adultas mayores o con capacidades diferentes o contra niñas, niños y adolescentes- y presenta fórmulas protectoras frente a estas situaciones.
Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y miembro de la comisión redactora de este documento, señaló a Cubadebate que mantiene el espíritu del Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer (PAM) y de la Estrategia Integral contra la Violencia de Género, aprobada por el Consejo de Ministros. Sobre todo, plantea con claridad las posibles consecuencias para quienes ejerzan este tipo de agresiones.
“Este Código no es para los violentos. Si hablamos de los afectos como eje de las relaciones familiares, el documento busca impulsar una manera armónica de solucionar los conflictos”, dijo.
Según Álvarez Tabío, quien también es miembro de la comisión redactora, su primer logro es identificar sin tapujos la existencia del problema. “En Derecho es muy importante ponerle nombre a las cosas: ahora ya identificamos la violencia de género en el espacio familiar, ya tiene cabida en el proyecto del Código. Todo lo que signifique maltrato físico, verbal, psíquico, sexual, económico, negligencia y desatención ya sea por acción u omisión directa o indirecta, está reconocido allí. Eso nos permite tomar medidas efectivas para la protección de las víctimas”.
La normativa establece responsabilidades y consecuencias palpables para quienes agredan a otros, en cada una de las instituciones definidas. Además, plantea que todos los asuntos en materia de violencia familiar tienen que ser de tutela judicial urgente.
Entre las fórmulas protectoras a las que recurre destaca que la obligación legal de alimento puede cesar cuando el alimentista incurra en algún comportamiento violento. “Si yo soy la persona obligada legalmente a proveer de alimentos a otra y esa otra tiene manifestaciones de violencia en cualquiera de sus expresiones contra mí, esa obligación no puede mantenerse”, explicó la profesora de la UH.
Dentro de las relaciones de pareja, se reconoce explícitamente el respeto y la no violencia entre los deberes de los cónyuges o personas unidas; y se establece la posibilidad de separar los bienes durante la vigencia del matrimonio cuando estén presente, sistemáticamente o no y de acuerdo a su envergadura, hechos violentos.
Además, entre los impedimentos para adoptar se introduce el haber sido sancionado por delitos vinculados con la violencia de género. Ejercer malos tratos también constituye una limitación para la denegación, suspensión o modificación de los regímenes de comunicación familiar. “No se puede propiciar una comunicación, mucho menos con niños, niñas y adolescentes, si la persona en cuestión es violenta”, insistió Álvarez-Tabío.
Relacionado con ese principio, el documento identifica la agresividad como causa posible de la privación de la responsabilidad parental, incluso aunque no se ejerza directamente contra niños y niñas.
“Si un padre o una madre maltrata a su pareja y ese intercambio lo presencian los hijos, puede ser causa para la privación de la responsabilidad parental. De igual modo, la tutela establecida en favor de algún menor puede ser removida en casos de violencia de género”, amplió.
Enfrentar la violencia, más allá de la norma
Aunque el proyecto del nuevo Código de las Familias reconoce los hechos de violencia presentes en ese espacio y establece respuesta ante ellos, no basta con él para resolverlos, aseguró Álvarez-Tabío.
Yamila González Ferrer coincide. En su opinión, el perfeccionamiento legislativo en esta materia debe alcanzar también ámbitos como el penal familiar y el procesal civil, familiar y penal, lo que fortalecería el espectro de protección ante situaciones de violencia. "De igual forma, es imprescindible la sensibilización y capacitación permanente y sistemática de profesionales del Derecho, para garantizar una interpretación y aplicación de nuestras normas jurídicas desde la perspectiva de género".
Queda claro, el Código no vendrá con una varita mágica. No puede resolver por sí sólo un fenómeno que, además, trasciende a los recursos legislativos. “Aunque desde lo jurídico podremos resolver algo cuando cada cuerpo normativo haga una mención expresa y prevea consecuencias jurídicas ante este tipo de hechos, la batalla va mucho más allá”, apuntó la profesora de la UH.
A las acciones desde el Derecho debe sumarse el enfrentamiento desde lo social, educativo y cultural, entre otras perspectivas. Urge asumir que la violencia en el espacio familiar no es cosa privada, no es un problema individual; sino que nos afecta a todos como seres humanos, como sociedad.
"Es necesaria mucha comunicación, conversar con nuestros hijos e hijas para que no reproduzcan esos comportamientos, hacerlos conscientes de que no pueden quedar impávidos ante un abuso en cualquiera de sus manifestaciones. Es labor también de los maestros, los médicos, de cualquier profesional que desde su ámbito pueda contribuir”, señaló Álvarez-Tabío.
Se trata, en definitiva, de articular esfuerzos para que la violencia no siga doliendo al interior de los hogares. Y en ese camino, por suerte, el nuevo Código puede ser un gran aliado.