La Fiscalía General de la República de Cuba llevará un Registro Administrativo Interoperable con información en tiempo real de las muertes violenta de mujeres y niñas por razones de género, publicaron hoy medios de prensa.
La propuesta de esa herramienta fue presentada la víspera durante la sesión final del VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista (CCPCC) que entre otros temas examinó acciones para la atención a la violencia de género.
La fiscal general de la República, Yamila Peña, explicó que desde el 2020 se trabaja con mayor intencionalidad en estos temas desde una mirada integral, con un enfoque social y no como un problema entre y para las mujeres.
Peña informó en el plenario que al cierre de octubre se reportaron 117 hechos por muerte violenta de féminas, con predominio de casos en las provincias de Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.
Aseveró la titular de la Fiscalía que el 75 por ciento de estos fenómenos ocurrieron en viviendas compartidas por las parejas.
Entre tanto, 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre tras el fallecimiento, reporta la Agencia Cubana de Noticias.
Ante estas realidades, Cuba fortalece su Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) que identifica y corrige todo tipo de formas de discriminación presentes en la sociedad.
En tal sentido, la miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, destacó la aprobación por el Consejo de Ministros del Protocolo de actuación ante la discriminación laboral.
El cuerpo legal, presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, rechaza y exige medidas contra la violencia y el acoso en los colectivos de trabajo, lo que constituye un paso trascendental en la atención a la violencia de género.
Amarelle informó que el número de núcleos familiares que viven en situaciones de violencia es de nueve mil 579, y en ellos residen 16 mil 116 mujeres y niñas.
Añadió que de las personas del sexo femenino mayores de 15 años que viven en situación de violencia, el 60 por ciento son negras y mulatas, y con promedio de escolaridad de noveno grado.
Transformar «modos de actuación e ir eliminando las causas y condiciones que generan violencia de género en estas familias es uno de los objetivos del levantamiento», señaló la secretaria general de la FMC.
Los resultados obtenidos indican la necesidad de concebir una atención integral desde los grupos intersectoriales en articulación con los agentes sociales y comunitarios, que permita el tratamiento personalizado para cada uno de los casos, advirtió la dirigente.
Por su parte, la viceprimera ministra Inés María Chapman consideró que la ejecución del registro, seguimiento y atención de estos casos es muy importante, y señaló que la mayor complejidad está a nivel territorial y comunitario.
