En Cuba es de máxima prioridad la atención a los niños y adolescentes víctimas del delito, indicó hoy la segunda jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior (Minint), la coronel Luciana Calixtro.
Al intervenir en el programa televisivo Hacemos Cuba, Calixtro explicó que exponer a los menores de edad a estas situaciones implica graves consecuencias para los responsables y desencadena un accionar institucional en el que participan múltiples entes de la sociedad.
Al espacio también asistieron la jefa del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Minint en la capital, la teniente coronel Noemí Morales y la fiscal jefa de la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General, Lay Trujillo.
Durante el debate abordaron la protección de los menores de edad en la nación caribeña desde tres perspectivas fundamentales: cuándo los adultos cometen y los exponen en el delito; cuándo son víctimas y vulneran sus derechos; así como cuándo los someten al trabajo.
Durante sus intervenciones, las autoridades cubanas insistieron en la responsabilidad de los padres, familia, junto a la escuela y la comunidad en la atención integral a los más pequeños.
Además, resaltaron que es la voluntad del Estado cumplir con los postulados establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Constitución del país y el Código de las Familias.
La jefa del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Minint en La Habana destacó la misión de estas instituciones, que cuentan con personal altamente calificado y caracterizado por un profundo sentido humanista, por lo sensible del tema.
En relación con el tratamiento legal que reciben quienes cometen delitos e involucran a menores, apuntó que se imponen las sanciones más severas y puntualizó detalles sobre el sistema de investigación, apoyo y cuidado a las víctimas.
Por su parte, Trujillo, repasó el artículo 86 de la Constitución vigente en el país, que establece que el Estado, la sociedad y la familia brindan especial protección a la población en estas edades y a su desarrollo armónico.
Al explicar lo dispuesto en materia legislativa sobre los menores de edad que se vinculan al trabajo, detalló que la Constitución lo prohíbe.
Solo exceptuando aquellos adolescentes graduados de la enseñanza técnico profesional, como indica el propio documento y el Código de Trabajo, aclaró.
Es ilegal, es ilícito y no está establecido, tanto para el sector estatal, como privado, añadió y subrayó que la actividad laboral va en contra del desarrollo físico, mental, espiritual y social adecuado del menor de edad.
Al finalizar, la teniente coronel Morales ratificó la máxima de tolerancia cero a este tipo de situaciones y agregó que continuarán fortaleciendo el trabajo integral del sistema para lograr lo más importante: prevenir.
